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La Última Respuesta Del Gobierno Colombiano Ante La Situación De Orden Público

Últimamente, Colombia está dando mucho de qué hablar a nivel internacional, y es que, la crisis en muchos sectores, la escalada de violencia, los bloqueos y las muestras pacifistas es lo que abunda en todos los medios. Y así, ya va un poco más de un mes entre lo que tanto se dice, como lo que tanto se omite. Por eso, antes de entrar en una detallada descripción del último decreto nacional, que tiene en vilo a la mayoría, ojalá el gobierno considere la medida del dialogo, porque los cambios sociales no se imponen y estas protestas son una verdadera bomba de tiempo para la democracia colombiana.

Para empezar, Cali, la tercera ciudad de Colombia, ha sido el epicentro de fuertes episodios de violencia, represión, bloqueos, saqueos y enfrentamientos entre manifestantes, fuerza pública y civiles armados. Durante este periodo de paro, se han reportado alrededor de 59 muertes y los heridos sobrepasan un total de 2300 entre civiles y uniformados, según informes de la Defensoría del Pueblo.

Esta situación, que parece anticipar un nuevo ciclo de violencia en todo el país, en realidad, se viene incubando desde hace muchos años. La realidad de hoy en el departamento del Valle del Cauca (al suroeste de Colombia), es la suma de muchos problemas de la región sin resolver. Este lugar, es la retaguardia que recibe el problema de crimen organizado en el país y otras actividades ilícitas. Además, al ser el principal centro urbano del pacifico colombiano, es receptora de miles de migrantes. En este momento, de alta confusión, la única certeza a ciencia cierta es que, todas esas fracturas estallaron con el paro.

No hay duda de que la situación del orden público se salió de las manos tanto a las autoridades locales, departamentales y nacionales. Sin embargo, el pasado 28 de mayo, el presidente Duque bajo el Decreto 575, ordenó el máximo despliegue de asistencia militar tanto a la ciudad como al departamento, principalmente. El mandatario colombiano, luego de esta decisión, también señaló que todo se hizo en el marco de la Constitución, pero sin negociar los derechos de los ciudadanos, y fue enfático en que no permitirá la anarquía ni la violencia en el país.

Claramente, esto desató todo tipo de criticas y de respaldos. Primero, el decreto ordena levantar los bloqueos que están afectando desproporcionadamente a muchas personas pero se teme que esta medida afecte a terceros que estén protegidos bajo el derecho a la protesta pacífica. Segundo, esta medida es absolutamente crucial, pues a pesar de que la mayoría de las marchas han sido pacíficas, también ha existido violencia y vandalismo que, ya son inaceptables y que deben ser controlados.

Al respecto, la condena internacional es gigante, en donde muchos han expresado su solidaridad. Específicamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde hace días busca una visita para la revisión del estado actual de los DDHH en el país, señaló su preocupación y recordó que la participación de las fuerzas militares “en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada”.

Sin más, el meollo del asunto es que las acciones cada vez son más beligerantes por parte y parte, haciéndose más endémica y complicada la situación. Muchos argumentan que es una medida poco coherente puesto que se incrementarían las violaciones a Derechos Humanos (DDHH), mientras que otros lo estaban pidiendo. No obstante, una cosa es la teoría y otra la practica. Ojalá esta ebullición social no crezca más y que esta decisión solo se encamine hacia una contención sin un uso desproporcionado de la fuerza para llegar al consenso.

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