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La Transhumancia Electoral: Una Modalidad Arraigada En La Democracia Colombiana

El pasado 29 de mayo, en Colombia se dio inicio al primer proceso que antecede a las elecciones que se llevaran acabo el próximo año: la inscripción de cédulas. Este proceso, es solo para aquellos ciudadanos que ya estén inscritos en el censo electoral y que desean cambiar el puesto de votación a uno más cercano al lugar de su residencia. Así, de acuerdo con el artículo 49 de la ley estatutaria 1475 de 2011, este proceso se inicia un año antes de las elecciones y finaliza dos meses antes a la celebración de las mismas.

Aunque, en la teoría, este es un proceso que simula ser bastante simple y regular, nunca dejan de sorprender la cantidad de casos de fraude electoral que siempre se encuentran entorno a este proceso, por posible trashumancia electoral, trasteo de votos o fraude en la inscripción de cédulas. Este delito, se basa en la acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquel en el que se reside, y es usada por las organizaciones políticas para obtener ventajas en los comicios. Este tipo de “estrategia” no es nueva para el país puesto que se detectó por primera vez en 1992.

Aunque, en las últimas décadas se ha venido tratando de controlar esta tendencia, se ha evidenciado a su vez, que con cada nueva elección se da un aumento bastante significativo en esta práctica fraudulenta especialmente en el ámbito local. En alguno de los casos, incluso en la mayoría, hay más inscritos que habitantes dentro de un delimitado territorio.

Muchas de las explicaciones a este fenómeno, coinciden en que las elecciones casi siempre se define por una diferencia pequeña de votos, en los territorios más pequeños. Esto, sin embargo, no es la justificación de este hecho, sino que por el contrario, demuestra aún más las redes clientelares ya asentadas en el país.

En todo caso, las pasadas elecciones regionales realizadas en 2019, son la muestra fehaciente de esta modalidad. La Registraduría señaló que existía un registro total de más de 3,6 millones de cedulas dentro de los cuales, en la mayoría de los casos, más del 35% podrían no residir en los municipios en donde se inscribieron para votar.

No obstante, dentro de los casos más llamativos durante el último mes de inscripción de cédulas, y que en este periodo aparecieron, ocurrió en Puerto Gaitán, ubicado al centro del país, que para el 2019, contaba con 19.007 habitantes en el territorio y se registraron 11.660 inscripciones en este municipio, es decir, en menos de un año, esos más de 11.000 votantes se fueron a vivir a esa zona o cumplieron 18 años y registraron allí su cédula.

Con lo anterior, es claro que el desarrollo de todas las actividades electorales en el país, se han visto permeadas por una serie de falencias que ya han venido siendo tipificadas como delitos y que claramente son una amenaza a la democracia, la libertad de elección y otros derechos políticos constitucionales. Si bien, el país por muchos años ha dejado claro que es un Estado social de derecho, los procesos electorales demuestran que estos sucesos hacen difícil ver la garantía de transparencia a la hora de ejercer el derecho al sufragio al punto que se logra la tergiversación de los mismos. No cabe duda que los entes de control electoral hacen un trabajo de seguimiento. Pero la cultura política y democrática débil es lo que ha predominado, desplazando el debate ideológico y programático.

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