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Fiscalización y control del financiamiento político

Los Gobiernos pueden ser electos en segunda vuelta y años después, ya sea con buena o mala gestión, se reeligen, pero de acuerdo a los procesos que hagan en medio de posibles conflictos sociales y políticos, siempre logran consolidarse y sobre todo legitimarse, entonces pareciera que el sistema político electoral funciona a pesar de las debilidades de las instituciones electorales, que en un proceso de la calidad total, de mejora continua, deben procurar mejorarse, por lo menos en cada momento electoral.

La rendición de cuentas de los Partidos Políticos y de los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, también se observa como una debilidad en los sistemas democráticos de los países latinoamericanos a pesar que la legitimidad de los Gobiernos se traduce como un avance.

Además del no fortalecimiento de las entidades que administran, fiscalizan e imparten justicia en las elecciones por parte de las autoridades de Gobierno, no es tan grave como la vulnerabilidad a la que están expuestas las autoridades electorales y de fiscalización del financiamiento electoral, por una débil cultura de transparencia y rendición de cuentas de parte de los partidos políticos y candidatos.

En los últimos 10 años, en Latinoamérica se ha intensificado el fortalecimiento de las instituciones que fiscalizan el financiamiento político para mitigar el daño o evitar que el crimen organizado y el narcotráfico, financien campañas políticas o peor aún, que tengan sus propios narcos políticos y narco partidos políticos.

Así se han creado y desarrollado unidades o departamentos, independientes y en otros casos adscritos a las entidades electorales, especializados en la fiscalización y auditoria del dinero de la política y de las campañas electorales.

La “política limpia” como se le llama en Honduras, consiste en una legislación, pero también una voluntad política de crear leyes y entidades especiales para fiscalizar el financiamiento de las campañas políticas, auditar a los Partidos Políticos y sus Movimientos Internos, Alianzas, Candidaturas Independientes y Candidatos.

México es país pionero en América con más de 20 años de contar con leyes y herramientas tecnológicas que hoy día miden el gasto de campañas políticas, fiscalizan en tiempo real y hacen auditoria a los políticos y partidos políticos, y en este recorrido se le han seguido países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Colombia y Paraguay.

Ningún país de Latinoamérica libre de los efectos de la corrupción y que a su vez se derivada en el uso ilícito de los recursos del Estado para hacer política, peor aún, evitar que el narcotráfico y el crimen organizado financie las campañas políticas.

Es por eso, que iniciativas orientadas a crear redes o vinculaciones de todos los países latinoamericanos que tienen instituciones fiscalizadoras del financiamiento político electoral, cobran más importancia, entonces las legislaciones electorales tienen como novedad imponer límites a los partidos políticos para gasto en las campañas electorales.

Avances

Las entidades que fiscalizan el finamiento político electoral de los pocos países de Latinoamérica que las tienen, han logrado imponer límites de gasto de campañas, límites de aportes y el registro de los mismos.  

Los financiamientos públicos y privados de los sujetos obligados de la Ley se exigen en algunos países a depositarse en cuentas del sistema financiero y todos los partidos políticos y candidatos deben designar a una persona durante la vigencia de la campaña para que reciba sus contribuciones.

Son muchos filtros que se imponen, sobre todo en tiempo de elecciones, y los Partidos Políticos, los movimientos internos, las Alianzas, los precandidatos y candidatos, y las candidaturas independientes son sujetos obligados de la Ley que fiscaliza el finamiento que a su vez obliga a la apertura de cuentas bancarias por medio de sus representantes legales o responsables financieros, para contar con un registro de los ingresos y egresos.

A nivel de la región son pocos los países que han adoptado estos controles y ante un escaso conocimiento de las responsabilidades de los Partidos Políticos y Candidatos sobre esta materia y la necesidad de fortalecer las entidades encargadas de esta supervisión, el Instituto Nacional Electoral de México (INE), promueve acciones que permiten generar intercambio de experiencias entre las entidades homólogas en los organismos electorales para reforzar y dinamizar el rol de las mismas.

En la narrativa de los políticos que buscan cargos de elección popular se comienza a identificarse un discurso cada vez más orientado a la transparencia y rendición de cuentas, esto es bueno porque hoy día se hace política en un ambiente donde los ciudadanos están altamente informados y participativos en redes sociales y escenarios de ciudadanía activa y se van cerrando las brechas entre el deseo de lo que la sociedad quiere de la clase política y la oferta política de un aspirante a cargo de elección popular.

El objetivo de los países del área que cuentan con política limpia, debiera ser el fortalecimiento de las unidades o departamentos encargados de la fiscalización de los recursos en las campañas electoral y a su vez que se promueva un mecanismo de vinculación regional que fortalezca la cooperación e intercambio de información y experiencias entre entidades de rendición de cuentas de Partidos Políticos y Candidatos.

De ahí, que de tomarse una iniciativa de este tipo ya sea desde la academia de formación política de Latinoamérica o bien desde las mismas instancias electorales o de fiscalización del financiamiento, se lograría un trabajo más eficiente y eficaz de las unidades de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, fortalecimiento del proceso democrático electoral y confianza de la ciudadanía en los mismos, y mayor transparencia y rendición de cuentas de los Partidos Políticos y Candidatos.

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