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Partidos Políticos en desacuerdo por llamar a Consulta Popular

En varias bancadas de la Asamblea Nacional hay molestias por la alerta de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, de que si no se llega a acuerdos para aprobar leyes de interés acudirán a los mecanismos de democracia directa, como un llamado a una consulta popular. 

La primera en reaccionar fue la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), que en un comunicado mencionó la declaración de Vela, y en respuesta la desafían: “¡Háganlo! Defenderemos nuestros criterios y a nuestros conciudadanos en cualquier consulta. Solo los que no son pueblo le tienen miedo al pueblo”. 

En actitud similar reaccionó el movimiento político Pachakutik (PK) y su bancada legislativa, donde hay indignación por los cuestionamientos de que habría legisladores que estarían gestionando cargos. Creen que es una forma de deslegitimar su accionar y tomar “el control del Parlamento”. 

Dirigentes y asambleístas de PK convocaron a una rueda de prensa este 1 de septiembre para reprochar al gobierno de Guillermo Lasso que busca “terminar” con la Asamblea, aplicando una estrategia de deslegitimación con las denuncias de la gestión de cargos públicos, que está prohibido por la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

El coordinador del movimiento, Marlon Santi, advirtió que no van a aceptar que se intente desestabilizar el trabajo del bloque legislativo y que por “ningún voto” de sus asambleístas van a “aceptar puestos”. Anticipó que las propuestas que vengan desde el Ejecutivo y que sean lesivos de derechos “no pasarán en la Asamblea”. 

Con esto se resquebrajan los acuerdos entre CREO, PK y los independientes que llevaron, por ejemplo, a que Guadalupe Llori sea elegida presidenta de la legislatura al inicio de este periodo, así como en la conformación de las quince comisiones especializadas. 

Según Santi, no hay un acuerdo programático con CREO para debatir las normas, sino solo con la Izquierda Democrática (ID). 

En una carta remitida a Lasso, suscrita por Marlon Santi, le reclaman que hay acusaciones de que legisladores “han gestionado cargos con diversas instancias de su gobierno y han recibido comisiones o coimas en estas acciones. Este tipo de comportamiento implica una doble responsabilidad de quien gestiona y quien concede”.   

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