La coyuntura política tiene grandes contrastes en Latinoamérica. Por ello, se analizará la realidad de Argentina, Bolivia, Ecuador y México.

ARGENTINA

Argentina tiene la necesidad de reducir el desequilibrio fiscal para combatir la inflación. De enero a septiembre del 2022, el Índice de Precios al Consumo (IPC) o la variación de precios de la canasta de bienes y servicios aumentó en un 76.6%, se espera que culmine este año aproximadamente con un 100%.

Ante  tan crítica situación, el presidente argentino, Alberto Fernández, señaló que es “tarea de todos los argentinos combatir la inflación” y que su Gobierno ha proporcionado “instrumentos a los intendentes para el control de precios” del programa de Precios Justos. Pero, a pesar de ello, la nueva ministra de Trabajo, Raquel Olmos, señaló que Argentina debe priorizar la victoria de la selección en el Mundial de Qatar que bajar la inflación. Sus expresiones como “después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina” y “no va a hacer la gran diferencia, combatir la inflación en un mes” han generado revuelo e indignación. 

Aquella declaración se ve contrastada con la realidad política del país, cada día millones de familias están siendo afectadas por la inflación, su poder adquisitivo se agrava a diario, no saben qué hacer para llegar a fin de mes, además saben que el mes que viene será mucho más complejo, y el otro incrementará.

Argentina realiza esfuerzos para salir de la inflación y obtiene una pequeña esperanza, el presidente argentino se reunió con el mandatario chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del G20. El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, anunció que se realizó una ampliación del acuerdo bilateral de swap, lo cual genera que Argentina pueda contar con US $5.000 millones más las reservas a la hora de disponer la acción del Banco de la República Popular China para el fortalecimiento de la moneda argentina. 

BOLIVIA

Conforme a la ley de Bolivia, el censo debe ejecutarse cada diez años. Pero, el último censo hecho fue en 2012, lo que supone que debía efectuarse en noviembre de 2022. Ante un aplazamiento, los bolivianos demandan que se realice en el 2023, pero el presidente lo postergó hasta el 23 de marzo de 2024; puesto que, el mandatario señaló que el último censo se había realizado sin una cartografía actualizada y que se debe “despolitizar”, irónicamente era ministro de economía en aquel tiempo. Actualmente, las estadísticas del censo 2012 no son fiables para redistribuir los presupuestos federales y se debe de tener la seguridad que se procedan antes de las elecciones de 2025. Ante ello, se necesita que el censo se dé lo antes posible; por eso, no se explica el largo periodo para que se haga una cartografía del país y la postergación hasta el 2024.

Aquello ha provocado más de 28 días de paro en Santa Cruz, que busca la emisión de una ley y no solo un decreto sobre la distribución de los recursos y escaños en la Cámara de diputados “con los datos finales” del próximo censo, y para que existan garantías que los resultados de este serán tomados en cuenta para las elecciones de 2025. Temen que ante un plazo corto de los resultados del censo y el inicio de época electoral existan vacíos en el padrón electoral, que no puedan percatarse de las fallas a tiempo. Al comenzar el conflicto, el Gobierno prohibió las exportaciones no tradicionales del país (granos, aceites, soja, carne bovina), pero hace algunos días dejó sin efecto la prohibición. 

La tensión por el censo se trasladó a la Asamblea Legislativa nacional, pero la mayoría oficialista rechazó tratar un proyecto de ley que tenga consenso entre las bancadas opositoras con los sectores del paro. 

ECUADOR

Ecuador tiene 17 millones de habitantes y una población carcelaria de 39 mil reclusos distribuidos en 53 cárceles habilitadas solo para 30 mil detenidos, de los cuales más de 25 mil pertenecen a bandas criminales del país. Aquella cantidad supera enormemente la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas, que son aproximadamente 10 mil. Por lo que se acrecienta la presencia cada vez más activa de crimen organizado transnacional, el contrabando de armas y el narcotráfico. Si bien, estas organizaciones y pandillas criminales existían, tenían un perfil bajo, pero en los últimos tiempos han incrementado su visibilidad por el control de territorios y mercados. 

Ante ello, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso decretó el estado de excepción a las costeras Esmeraldas y Guayas, y lo extendió a Santo Domingo de los Tsáchilas. Lasso ya lo había implementado en los centros penales debido al amotinamiento en Penitenciaría del Litoral, la mayor masacre de la historia carcelaria de aquel país. También se implementó en Mayas, Guanabí y Esmeraldas ante extorsiones y amenazas a los locales comerciales. 

Asimismo, el presidente ha firmado la Ley de Comunicación que busca recuperar la libertad de prensa, así puedan “desenmascarar a los narcopolíticos». Aquello pone fin al código aprobado en 2013, donde existían órganos de control y censura previa a la prensa. Asimismo, una nueva comisión se ha conformado en la Asamblea Nacional del Ecuador, quince legisladores para el comité de investigación del narcotráfico y los vínculos que tiene con la corrupción de Ecuador. Se investigará las organizaciones narcodelictivas transnacionales, y la procedencia del financiamiento a campañas presidenciales, y se abrirá informes sobre los ataques con explosivos en Montecristi, de WikiLeaks, el caso Angostura y otros. 

Existe una sublevación que ha salido a las calles de Guayaquil, Durán y Esmeraldas, amenazando directamente al Gobierno y a la población, con enfrentamientos armados, asesinatos y atentados explosivos entre los reclusos y las fuerzas de seguridad de las cárceles.

MÉXICO

Luego de la ratificación de la reforma por parte del Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó el 18 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto que reforma el artículo 5º transitorio del decreto constitucional en materia de Guardia Nacional, que fue publicado en 2019, aquello amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Para ello, las FF. AA. deberá de capacitarse en la doctrina policial civil y el Congreso de la Unión deberá de presentar informes semestrales sobre sus tareas. Además, se realizó el cambio de política educativa en la SEP, desde diciembre de 2022 se concluye el periodo donde los estudiantes desde tercero de primaria pasaban al siguiente grado sin importar sus calificaciones o asistencias ante la pandemia.  

En cuanto a su política exterior, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27), México se comprometió a reducir el 35% de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Aquello fue un contraste a la actuación que tuvo en el 2020 cuando no actualizó sus compromisos ante el Acuerdo de París. Además, el país ha preferido actuar con prudencia para una buena relación de México con EE. UU. ante las declaraciones del gobernador de Texas, Gregg Abbott, sobre el blindaje de la frontera de EE. UU con México por los migrantes. AMLO señaló que “la política exterior de México no la dirigen los gobiernos locales».

En cuanto a la situación económica, el peso mexicano tiene pérdidas ante el preocupante panorama de una recesión luego del conjunto de declaraciones restrictivas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esta moneda se ubica en el quinto lugar de las monedas de países emergentes con mayor depreciación frente al dólar. A pesar de ello, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aceptó que el país continúe con la línea de crédito por 47 mil millones de dólares que fue otorgada desde noviembre de 2021

Ante lo señalado se puede notar que diferentes problemáticas priman en los países latinoamericanos.