Fortalecer a las mujeres en la política boliviana, mediante una ley, fue una forma de garantizar la plena participación y representación de más de la mitad de la población en la vida política el país. La Ley No243, fue elaborada con ese objetivo, a través de la eliminación de actos de acoso y violencia política que experimentaban las mujeres.

A pesar de los avances en la protección de los derechos políticos de las mujeres, todavía enfrentan importantes desafíos para su inclusión en la toma de decisiones, y para ser respetadas y protegidas en sus cargos políticos a plenitud, y consoliden una democracia paritaria.

Pero, ¿cómo nace esta iniciativa? Según datos de la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), entre el año 2017 al 2022, el área de género registro cerca de 575 casos de mujeres que fueron provocadas por el acoso y la violencia política, solo por ser mujeres. Y solo dos casos tienen sus agresores una sentencia, desde que entró en vigencia la Ley, hace 11 años.

Históricamente la política era un espacio dominado por los hombres en Bolivia, y en todo el mundo, donde no estaban exentas las tácticas de acoso y violencia política, para mantener alejadas a las mujeres del poder. Sin embargo, en las últimas décadas, las mujeres bolivianas han logrado importantes avances en la lucha por la igualdad de género en la política, con la adopción de la “cuota de género y el principio de equivalencia” aplicado en la Constitución de 2009.

Según la Ley boliviana No243, se define como violencia política a los “actos de agresión física, psicológica o sexual cometidos por una persona o grupo de personas contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública, o contra sus familias, que afectan su integridad física y psicológicas, el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus derechos”.

Varios casos registrados, fueron porque mujeres en cargos políticos son acosadas por que cumplen con su tarea de fiscalizar y controlar al gobierno sus tareas, según la norma el acoso político lo define como “cualquier acto de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometido por una persona o grupo de personas, militantes o no, contra mujeres candidatas , electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública o contra sus familias”.

A Bolivia, siguió el ejemplo imperante ante la necesidad la Ley No14192 en el Brasil, posteriormente en Ecuador, México, Paraguay, Colombia y Perú siendo aun, en otros países, un proyecto a formularse en sus aparatos legislativos. Mientras tanto, las mujeres en la política buscan romper esa resistencia a los cambios, que implican además de una normativa, un cambio de conciencia social al interior de partidos y estratos de gobiernos.

LMFG/2023