Este miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dado un paso dirigido a ganar protagonismo internacional denunciando ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el reparto desigual de las vacunas contra la covid-19. El canciller, Marcelo Ebrard, situó al país en una posición de liderazgo regional al pronunciarse en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Pero al mismo tiempo les habló a los mexicanos, que sufren una de las tasas de mortalidad más elevadas del mundo y retrasos en la campaña de vacunación.

El ministro de Relaciones Exteriores solicitó también acelerar las entregas de las dosis comprometidas por el mecanismo multilateral Covax y “privilegiar la distribución a los países de menores recursos”. El hecho de que el calendario de inmunización en América Latina, con algunas excepciones como la de Chile, esté muy atrasado con respecto a los ritmos de los países más desarrollados no es objeto de debate. Tampoco lo es que los envíos hayan tardado en llegar. Colombia, por ejemplo, cuyo Gobierno ha exhibido en varias ocasiones su gestión de la emergencia sanitaria, aplicó este miércoles la primera vacuna.

Sin embargo, lo que a primera vista puede parecer un cambio de postura se produce en un contexto preciso. Los mexicanos llevan un año asistiendo a un combate contra la pandemia de coronavirus con resultados erráticos. El país es el quinto del mundo, después de Perú, Ecuador, Kazajistán y Bolivia, con mayor exceso de fallecimientos: más de 300.000, es decir, 234 cada 100.000 habitantes, según un cálculo de EL PAÍS. La saturación de los hospitales es una constante desde hace meses. La economía se desplomó un 8,5% el año pasado, a pesar de que en el último trimestre de 2020 se registró un repunte. A eso se añaden algunas manifestaciones del presidente, especialmente polémicas, como la de que la mascarilla “no es indispensable”. Incluso se negó a recomendarla, la semana pasada, justo en una de sus primeras apariciones tras superar la covid.

El Gobierno ha estipulado la compra de unos 234 millones de vacunas con AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V, Sinovac y CanSino. Aun así, después de administrar la primera dosis el pasado día de Nochebuena, el país estuvo semanas sin recibir nuevos envíos y acaba de empezar la campaña de inmunización masiva de los mayores de 60 años. El desafío es enorme y consiste en vacunar gratuitamente a casi 120 millones de personas. Pero de momento, solo 750.000 han recibido al menos una dosis.

México celebra además en junio elecciones intermedias que renovarán la Cámara de Diputados y a los gobernadores de 15 de las 32 entidades federativas. La campaña electoral se desarrollará aún en plena crisis sanitaria y el Gobierno quiere jugar tanto dentro del país como fuera. La nueva bandera contra una distribución de las vacunas se enmarca un contexto de choques diplomáticos, sobre todo con Washington. La exoneración del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, detenido en California y extraditado el pasado noviembre, pese a las acusaciones de narcotráfico, tensó las relaciones con Estados Unidos. A eso se añadieron unas declaraciones de López Obrador que ningunearon las investigaciones de la agencia antidrogas de ese país, la DEA; el retraso en el reconocimiento de la victoria de Joe Biden frente a Donald Trump; y, en el terreno económico, el plan energético del presidente, que lamina la inversión extranjera en el sector eléctrico y ha sido duramente criticado por Estados Unidos.