Un análisis del caso de Lula da Silva

Buenos días estrategas del mundo, a propósito de una de mis frases favoritas de Maquiavelo: “Hay dos formas de combatir, uno con las leyes y el otro con la fuerza” y de la ya no tan reciente victoria de Lula en Brasil, he traído un tema de mi profundo interés. Llevo ya algunos años de mi carrera investigando el tema, si desean conocerlo a profundidad pueden revisar mi libro “LAWFARE” o mi curso del consultor político.

El término «lawfare» se refiere a la utilización del sistema legal y judicial de manera abusiva o manipulativa con fines políticos o estratégicos. Se trata de una combinación de las palabras «law» (ley) y «warfare» (guerra), que indica que se trata de una forma de guerra mediante el uso de herramientas legales. En algunos casos, el lawfare puede incluir acciones legales legítimas, pero también puede involucrar prácticas abusivas como la presentación de cargos infundados, la prolongación innecesaria de los procesos judiciales o la manipulación de los medios de comunicación para influir en la opinión pública. En general, el objetivo del lawfare es debilitar o desacreditar a los oponentes políticos a través del uso del sistema legal y judicial.

En el caso de Lula da Silva, el mismo mencionó que el lawfare se ha utilizado para perseguirlo y acosarlo políticamente. Desde 2014 cuando se vio implicado en el caso de corrupción de Petrobras e inmediatamente después fue nombrado ministro, lo que fue interpretado por la oposición como un acto tendente a conseguir la inmunidad judicial. Luego en 2017, a tiempo para evitar que postule, fue condenado por el Juez Sergio Moro, quien luego fue Ministro de Justicia de Bolsonaro. Estuvo en prisión desde abril de 2018 hasta noviembre de 2019 en que se ordenó su liberación. El 9 de junio de 2019 se conoció, a través de un extenso reportaje de The Intercept, la filtración de documentos, conversaciones e intercambio de opiniones entre el exjuez de Lava Jato y el actual ministro de Justicia, Sergio Moro, que revelaban la existencia de una coordinación entre Moro y algunos fiscales para encarcelar a Lula Da Silva por la operación Lava Jato.

Lo que pasó en el caso de Brasil fue una operación de años dónde jugaban intereses tanto particulares como geopolíticos, no fue cosa de solo un candidato y 3 jueces o de una simple polarización, fue una estrategia medida y planificada. Sin embargo, lo más interesante del caso de Lula da Silva no son los múltiples procesos judiciales en los que se vio involucrado y que le impidieron formar parte de las elecciones en 2018, sino la forma en que le hizo frente a dichas acusaciones y logró volver a la carrera electoral. En esta nota no se analizará el uso del lawfare contra Lula, sino más bien las herramientas utilizadas por Lula contra el lawfare.

Es en esta parte cuando el instituto anti-lawfare entra en acción, pues incluso cuando se anuló el proceso contra Lula, los daños a su imagen, reputación y vida personal ocasionados por el lawfare mermaban en gran medida las posibilidades de Lula de volver a postular a la presidencia y ganar contra su adversario Bolsonaro. ¿Qué piezas se movieron desde esta organización para hacerle frente a un persecución de años y salir victoriosos?

El instituto anti-lawfare

El Instituto Anti-Lawfare fue fundado por Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2019 mientras se encontraba en prisión por cargos de corrupción. El objetivo principal del instituto es luchar contra el «lawfare» bajo la premisa de que este se utiliza para perseguir políticamente a líderes de izquierda en América Latina. Un equipo interdisciplinario y miembros del partido de los trabajadores y de otras agrupaciones hicieron posible aglomerar los recursos humanos y logìsticos suficientes para posicionarse frente a los medios de comunicación tradicionales y generar presión.

Uno de los objetivos es difundir información y conciencia sobre el lawfare y las formas en que se puede utilizar para perseguir políticamente a los líderes de izquierda. También se compromete a proporcionar apoyo jurídico y asistencia a aquellos que han sido víctimas de lawfare. Ha llevado a cabo varias acciones para lograr sus objetivos, como la creación de un comité internacional para luchar contra el lawfare y la organización de un congreso internacional sobre el tema. También ha trabajado en colaboración con otros grupos y organizaciones que luchan por la justicia y la democracia en Brasil y en América Latina.

El trabajo conjunto con otras agrupaciones de afinidad política y medios de comunicación independientes ha logrado en cierta medida restaurar la reputación de Lula y conseguir el apoyo popular suficiente para la postulación que lo llevó a la victoria en 2022. Para mitigar los efectos del Lawfare fue necesaria una defensa de fuerza equivalente, centrarse en la confabulación de los jueces y Bolsonaro, la agresividad desmedida de los órganos judiciales y la excesiva atención de la prensa al caso, entre otros es la razón principal por la que se pudo regresar a Lula a la carrera política con éxito.

Siguiendo el ejemplo

Otros polìticos que declaran ser víctimas de lawfare:

Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta de Argentina ha enfrentado numerosas acusaciones de corrupción y lavado de dinero durante su mandato y después de dejar el cargo. Ella y sus partidarios han argumentado que estas acusaciones son una forma de perseguirla políticamente. Rafael Correa, expresidente de Ecuador ha acusado al gobierno actual de utilizar el sistema judicial para perseguirlo políticamente y evitar que se presente a las elecciones presidenciales. Finalmente Nicolás Maduro, presidente de Venezuela ha enfrentado una creciente presión internacional y sanciones económicas debido a su manejo del país y a acusaciones de corrupción. Maduro ha argumentado que estas acusaciones son parte de un esfuerzo de lawfare para derrocarlo del poder.

Es importante destacar que estas son solo acusaciones y no necesariamente pruebas concluyentes de que estos políticos han sido víctimas de lawfare. Cada caso debe ser evaluado individualmente y las pruebas presentadas ante los tribunales competentes.

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